El Economista.
21/03/2013
Octavio Granado, secretario de Estado de la Seguridad Social
(2004-2011)
Después de haber
dejado en las hemerotecas a comienzos del año pasado perlas como las de la
reducción de las cotizaciones sociales (Rajoy dixit), el actual Gobierno ha
tenido que afrontar una liquidación del presupuesto de la Seguridad Social
que multiplicaba por 13 el déficit del año anterior en términos de contabilidad
presupuestaria, y un informe de la Comisión Europea que alertaba de las
inconsistencias que el modelo español de devaluación competitiva de los
salarios generaba en el sistema de protección social.
El Real Decreto Ley 5/2013 intenta ser una
respuesta coherente a esta situación, engendrada directamente por el actual
Gobierno, porque aquí sí que no cabe echar las culpas al Ejecutivo anterior.
Durante cuatro años durísimos de crisis el Fondo de Reserva y el de Prevención
no hicieron sino aumentar, y la Seguridad Social acabó el mandato de Rodríguez
Zapatero sin deudas y con saldos a su favor del Estado.
Pues bien, este decreto no es una
respuesta coherente. El impacto
presupuestario para este año y el que viene de la modificación normativa
operada es muy escaso, sobre todo en relación con los daños reputacionales y a
la seguridad jurídica que va a producir esta norma. En cuanto a su efecto ante
los organismos internacionales que han dirigido su aprobación (la soberanía
limitada del actual Gobierno es tan irritante que está produciendo en la
ciudadanía una desafección masiva sobre la misma idea de Europa), se agotará en
pocos meses, una vez que se compruebe que sus resultados no están a la altura de
lo que los responsables del Ministerio de Economía han dicho en Bruselas. Los
del Ministerio de Empleo están desaparecidos de los foros internacionales, y
casi es mejor así.
En primer lugar, los trabajadores que se
jubilan anticipadamente cada vez pertenecen en mayor proporción a la nómina de
los despedidos. No son ya los jubilados anticipados de los años de bonanza,
sino los grandes perjudicados por un sistema que maltrata a quienes empeoran su
carrera de cotización durante el último periodo.
Bien es cierto que esta desigualdad tiene
ribetes funcionales, para evitar el abandono precoz de la cotización o su
deterioro. Pero ahora la
desigualdad bascula sobre los más vulnerables, mujeres y excluidos. Este maltrato aumenta con la norma
aprobada, con lo que el principio de contributividad disminuye. Y en estos
momentos, esto es jugar con el fuego de la vuelta a la cotización de mínimos
para generar mínimas pensiones, ante la evidencia de que el Ejecutivo las
recortará si son más altas. Y con estas cuotas ya disminuidas por los salarios
recortados, nuevos recortes imposibilitan que los ingresos financien las
obligaciones en materia de pensiones.
En segundo lugar, a estos trabajadores
despedidos se les condena a una elección imposible. Porque aquí no se está
hablando de un endurecimiento relativo, que sigue haciendo rentable, aunque
menos, incrementar bases y periodos de cotización. Se está hablando de aumentos
de los periodos cotizados (de 30
a 33 años) que obligan a los despedidos a renunciar a
completar rentas exiguas para no perder el derecho a la pensión.
Es decir, que con la nueva normativa trabajar
cotizando no sólo no va a aumentar el derecho a la pensión, sino que va a
impedir el acceso a ella y conduce a todos los afectados a trabajar en la
economía sumergida. Si no lo remedia el Tribunal Constitucional o el Tribunal
Supremo declarando inconstitucional, si no directamente como majadería, una
norma que tiene como efecto que al trabajar se quedan sin pensión efectiva
muchos de los interesados.
En tercer lugar, la competencia de la economía
sumergida, aumentada por la nueva competencia de los trabajadores que
compatibilicen trabajo y pensión, y cuya relación con la jubilación parcial ni
siquiera se ha estimado, va a lograr cuotas no ya históricas sino histriónicas
de paro juvenil. Y todo ello sin que se haya realizado estudio estadístico o
estocástico ninguno sobre qué ahorros de gasto van a producirse, y las
compensaciones necesarias para las cotizaciones perdidas por los nuevos
jubilados pluriempleados, que es la versión española de los minijobs. Imaginemos qué pasará si al final
las nuevas cotizaciones de estos pluriempleados son más costosas en pérdida de
ingresos que el ahorro de gastos que produzcan.
Como tampoco se ha estudiado cuál será el
impacto acumulado del indicador de sostenibilidad y del periodo transitorio;
una reducción tan radical de las pensiones (peor prestación cuanto más tardas
en jubilarte) traerá consigo un desincentivo importante para mantener la cotización. Tampoco
existe en el decreto ninguna medida para racionalizar gastos (sí, se puede, no
son muchos, pero se puede en algunos casos) o en reformas de la estructura de
la cotización para concentrar la misma en las pensiones que queremos proteger.
Tranquilos. El Ministerio de Empleo
seguirá depredando los fondos de reserva ahorrados por Gobiernos anteriores, a la vez que el
Ministerio de Economía impone normas cuyos efectos perversos demuestran que no
conoce el sistema de pensiones. Y Cospedal y Floriano volverán a salir en la
televisión pública, como la gran pareja de humoristas que han demostrado ser,
para advertirnos de que nos han salvado de ellos mismos.
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